La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso
penal en contra de FERNANDO “N” y MARÍA DEL ROCÍO “N”, elementos de la
Policía Municipal de Silao, plenamente identificados como los presuntos
responsables de irrumpir ilegalmente en una vivienda particular para robar a un
ciudadano, conductas que la ley tipifica como los delitos de robo calificado y
abuso de autoridad.
Tras presentar un sólido cumulo de pruebas científicas, testimoniales y periciales,
un Juez de Control dictó como medida cautelar la prisión preventiva para ambos
servidores públicos por el ejercicio abusivo de sus funciones, además de
autorizar un periodo para el desarrollo de la investigación complementaria.
Los hechos que originaron esta causa penal ocurrieron la madrugada del pasado
6 de junio de 2026, aproximadamente a las 03:14 horas, cuando los ahora
imputados patrullaban el sector asignado a bordo de la unidad oficial a su cargo.
Al transitar por el fraccionamiento Gran Villa Ciudadela, los uniformados se
percataron que en el área de la cochera de un domicilio se encontraba una
persona durmiendo en estado inconveniente.
Aprovechándose de sus funciones y sin contar con una orden judicial o
autorización alguna, ingresaron al domicilio del afectado y mientras MARÍA DEL
ROCÍO “N” realizaba labores de vigilancia en el exterior, FERNANDO “N”
inspeccionó minuciosamente el interior del automóvil para apoderarse
ilícitamente de un reloj, un teléfono celular y una cantidad importante de dinero
en efectivo, retirándose de la escena minutos después.
La inmediata denuncia de la víctima permitió a la Fiscalía General del Estado
iniciar la carpeta de investigación e instruir la intervención directa de agentes de
Investigación Criminal, quienes, en conjunto con los peritos forenses, recabaron
pruebas contundentes y testimoniales que echaron para abajo la coartada de los
policías, además de las bitácoras y los roles de turno que confirmaban que los
acusados cubrían exactamente esa zona y horario a bordo de la patrulla
involucrada.
El sustento técnico de la imputación se fortaleció gracias a los dictámenes
emitidos por los especialistas en laboratorios. Entre los elementos presentados
destacó el informe de retrato hablado elaborado por una perito y un sofisticado
dictamen pericial de análisis morfológico facial por semejanza, los cuales
corroboraron la identidad de los involucrados.
Asimismo, los peritos criminalistas aportaron las fijaciones fotográficas y los
croquis ilustrativos tanto del inmueble de la víctima como de la patrulla
asignada a los oficiales, sumado al análisis de video e inspecciones de campo
procesados por una agente de investigación. Para concluir la cadena de
evidencias, el Centro de Control y Comando confirmó que en las bases de datos
del sistema de servicios de emergencia no existió reporte alguno de los oficiales
que justificara su presencia o alguna intervención en dicho domicilio a esa hora
de la madrugada.
Con base en este cumulo probatorio, la Fiscalía Regional B, acreditó la probable
comisión del delito de robo calificado y de igual manera se configuró el delito de
abuso de autoridad. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso
irrestricto con la legalidad y la justicia, garantizando que todo servidor público
que traicione la confianza de la ciudadanía y utilice los recursos del Estado para
delinquir será investigado y procesado con todo el rigor de la ley.
